LAURA MONTERO dixit........¡¡en carrera!!

8 de Diciembre de 2009
Consideraciones para dar una nueva oportunidad a la República Argentina
Quienes estamos en la actividad política sentimos a diario el distanciamiento de la sociedad hacia la dirigencia en su conjunto. Los planteos se reiteran una y otra vez, siempre apuntando a lo mismo: el pueblo se queja por la falta de respuestas a los problemas que la sociedad manifiesta, y se asume como un hecho irreversible el fracaso del sistema político, mirado como una cosa extraña a la sociedad.Debemos preguntarnos por qué, tras veinticinco años de Democracia iniciados con los discursos encendidos de Raúl Alfonsín que enunciaban que con ella se vivía, se curaba y se educaba, no hemos podido superar las tensiones entre representantes y representados. Es posible que parte de la respuesta se encuentre en la forma en que se establece el vínculo entre estos sectores; normalmente se fijan dos características en el establecimiento de ese vínculo: el de la representación que da sentido de pertenencia (es decir, el representante es parte de la sociedad) y el de la responsabilidad, que basa el vínculo en la respuesta que debe dar el representante por el poder delegado. Hay además otras características: la de la participación y la del consenso. ¿Hemos establecido los argentinos vínculos de pertenencia, responsabilidad, participación y consenso entre la sociedad y sus dirigentes? Probablemente no. Por otro lado, otra deficiencia puede extractarse leyendo la historia de aquellas sociedades que han pagado con vidas el aprendizaje de su propio desarrollo, pero sólo lo han logrado cuando todos se han sometido a las normas constitutivas. En nuestro país, como contraparte, la frase instalada en el inconsciente colectivo “Hecha la ley, hecha la trampa”, es un claro indicador de que nadie puede arrogarse para sí derechos y poner deberes en otro, pues hay una pérdida de la relación institucional que debe guiar los procesos que se establecen en la sociedad como constitutivos.La convivencia cívica sólo se logra en un ámbito de reconocimiento de todos por las reglas establecidas. Caso contrario, se bloquean los mecanismos que hacen a la gobernabilidad, con los riesgos del surgimiento de autoritarismos que ejerzan la suma del poder público de manera no democrática y violenta. Hoy no podemos decir que Argentina sea un país institucionalmente desarrollado, en el que el Estado pueda ser garante de los derechos ciudadanos. Pero más allá de lo que no se ha hecho en estos años, en el 2009 se han validado normas y procedimientos que agudizan el problema, porque han permitido que el Ejecutivo avance en la suma del poder público. En cuanto a normas, baste citar las prorrogas de superpoderes, emergencia económica y facultades delegadas, la ley de medios, y finalmente la reforma política. En cuanto a procedimientos, es muy larga la lista a enumerar: avasallamiento del Congreso con el abuso de las mayorías; sometimiento de la justicia a través de un Consejo de la Magistratura adepto al Poder Ejecutivo; destrucción del INDEC; obstinación por acallar voces y limitar la libertad de información y de expresión a través de una ley de radiodifusión; manejo indiscriminado de la publicidad oficial; actitudes de acción y reacción entre gobierno y sectores productivos; estímulo al enfrentamiento entre sindicalistas y piqueteros amigos o enemigos a través de programas establecidos con fondos públicos; sometimiento de la voluntad autónoma de las provincias con el consentimiento de gobiernos provinciales sumisos…éstos son algunos de los mecanismos de relación establecidos por este gobierno, que no han podido ser contrarrestados de manera eficiente. Cómo recuperar el espacio cedido, es tarea y responsabilidad del conjunto; establecer valores sociales, respeto a las normas e institucionalidad en las relaciones, son pasos fundamentales para un país que viene decayendo en el orden internacional, no sin costos económicos y sociales.Pero, en lo concreto, ¿qué debemos modificar para lograr este cambio, con los pies puestos en este fin de año del 2009?A mi juicio existe una prioridad y es la de poner freno desde el Congreso a los embates a la institucionalidad que llegan desde el Poder Ejecutivo, y para ello es de vital importancia no sólo crear consensos legislativos en torno al tratamiento de proyectos, sino también acordar cuales serán concretamente las estrategias.Por supuesto, todo lo referido al manejo de las comisiones y representación de autoridades de Cámaras, que debe asegurarse en proporción suficiente a la nueva mayoría opositora es un buen comienzo. Pero aún cuando la oposición pueda imponer el tratamiento de temas y hasta logre convertirlos en ley, resultará muy fácil al Poder Ejecutivo vetar las normas sancionadas. Para evitar esto es indispensable dar tratamiento a la reforma de la ley que hace al funcionamiento de la Bicameral Permanente de Seguimiento de Trámites Legislativos a través de la que se reglamentan los Decretos de Necesidad y Urgencia, Decretos Delegados y el Derecho a Veto con el que cuenta el Poder Ejecutivo. Al respecto presenté, ya por el mes de marzo de este año, un proyecto para modificar ésta ley. Pasados tan solo algunos meses, ya se ha visto (por ejemplo en el veto a la ley de glaciares) cómo se piensa utilizar esta herramienta.La otra cuestión de importancia superlativa es darle al Congreso su protagonismo en materia presupuestaria, ya que es el Presupuesto Nacional el que da validez a un plan de Gobierno. En este sentido los denominados “superpoderes” del Jefe de Gabinete, afectan las atribuciones del Congreso, por lo que toda la oposición se ha manifestado en su contra y casi todos los bloques han presentado proyectos para derogar tal poder. La misma suerte debería correr la ley de facultades delegadas y la de emergencia económica. Además, es imprescindible crear una oficina de Presupuesto y Hacienda dentro del Congreso, así como fortalecer la Comisión mixta revisora de cuentas y estrechar su vínculo con la Auditoría General de la Nación. Esto permitiría vencer la actual asimetría entre Ejecutivo y Legislativo en materia presupuestaria.Es también esencial garantizar la independencia de los jueces de la Nación. La oposición ha manifestado, igualmente aquí, que el control que actualmente ejerce el Poder Ejecutivo sobre el Consejo de la Magistratura es inadmisible, por lo que debería ser posible acordar un texto para un proyecto que logre ese cometido.Por otro lado hay acuerdo aún con el oficialismo, con respecto a la necesidad de disminuir la inequidad social y la pobreza. En este punto fue la oposición la que impuso el tema, destacándose la necesidad de que se abandonaran las prácticas clientelistas. Pero si bien el Poder Ejecutivo tomo el guante, dio otro golpe a la institucionalidad dictando un Decreto de Necesidad y Urgencia, dejando una vez más fuera de la discusión al Congreso de la Nación como si este se encontrara en receso.Otro gran tema es el del federalismo, esto es autonomía política y financiera de las provincias, que debe ser defendida sobre todo desde el Senado de la Nación, aunque sus principales guardianes deben ser los Gobernadores. Para eso debemos trabajar en la creación del Organismo Fiscal Federal que la Constitución de 1994 prevé, y se debe además revisar la coparticipación y trabajar en profundidad en la tantas veces pregonada reforma tributaria integral.Creo, finalmente, que si para algo ha servido la catarsis opositora de los últimos meses es para lograr acercamientos en torno a los “qué”. A partir de la renovación legislativa, la cuestión será trabajar concretamente sobre el “cómo”. Esta es la tarea inexcusable del nuevo Congreso de la Nación Argentina

enviado por JLGonzález - laVERTIENTE))))

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