(en URGENTE24): CUIDADO, siguen tramando y avanzando.......

Los Kirchner piden más apoyo por la asignación universal y traman más gasto (¿y más impuestos?)
Muchas dudas provoca el modelo económico-social basado en la financiación con dinero de los jubilados, y que apunta a convertir al gasto público en el pivote de la inversión económica.
La racionalidad no es amiga de los Kirchner y sus aliados...

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Horacio Verbitsky ensaya una defensa de las 'políticas de redistribución' de los Kirchner, y el reclamo de reconocimiento de personería gremial de la Central de Trabajadores Argentinos. Su planteo apunta a que Néstor Kirchner no puede depender exclusivamente de la Confederación General del Trabajo y el Partido Justicialista sino que debe ampliar su base de sustentación.
No es un planteo novedoso desde los sectores que integran la 'transversalidad', o sea el kirchnerismo no peronista. Inclusive algunos integrantes de ese grupo, como el Movimiento Libres del Sur, se alejó de la 'transversalidad' cuando Kirchner asumió la conducción del Consejo Nacional del Partido Justicialista.
Integrante de organizaciones sociales prebendarias como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), o periodísticas clientelares como el periódico Página/12, Verbitsky quiere permanecer en el kirchnerismo, y por esto intenta un enfoque optimista a su sugerencia-reclamo a Kirchner.
Verbitsky coincide con el senador nacional Daniel Filmus y el titular de la CGT, Hugo Moyano, de que no se está reconociendo a los Kirchner su decisión que consideran casi revolucionaria de asignación universal por hijo.
Es evidente que los Kirchner esperaban un gran reconocimiento político-social y, probablemente, un impacto muy positivo en las encuestas, pero no han conseguido nada y se encuentran muy desorientados y preocupados al respecto:
"(...) Esta fragilidad política es contradictoria con la decisión de transferir recursos por más de $ 10.000 millones anuales a los sectores más vulnerables de la sociedad mediante la asignación universal reclamada desde hace una década por distintas fuerzas políticas y sociales y que contó con el apoyo de tres millones de votos en la consulta realizada hace ocho años por el Frente Nacional contra la Pobreza, Frenapo.
Esta es la medida distributiva más profunda adoptada en décadas y tendrá un impacto social muy fuerte, con la drástica reducción de la pobreza y la indigencia, y también económico ya que esa masa de recursos se volcará al consumo, cuando ya se advierte el comienzo de la salida de la recesión motivada por la crisis internacional, atenuada aquí respecto de Chile o Brasil por el gasto público. Pero su implementación es cualquier cosa menos sencilla.
Este no ha sido hasta ahora el fuerte de la administración. Lo menos que puede decirse es que no estará en plena vigencia en diciembre, sino en forma gradual a lo largo del próximo año.
También subsisten interrogantes sobre su sustentabilidad en base a los fondos de la Anses, lo cual invita a pensar formas de complementación, como el ya mencionado impuesto a las ganancias de capital de las personas físicas o la reimplantación parcial de los aportes patronales reducidos en 9 puntos por Menem y Cavallo.
Un cálculo de Cifra (el centro de investigaciones económicas de la conducción de la CTA, que dirige Eduardo Basualdo), estima que por cada uno de los puntos que se recuperen ingresarían $ 1.842 millones.
Junto con las retenciones, la recuperación del sistema previsional y la ley audiovisual, la asignación por cada uno de los cinco primeros hijos de cada hogar, al mismo tiempo que avanza el juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo y están por comenzar los procesos de la ESMA y el Primer Cuerpo de Ejército, explican la odiosidad que concita el gobierno de CFK.
Hay que retroceder más de medio siglo para encontrar otro gobierno que haya confrontado con la Sociedad Rural, el poder financiero, los grandes medios y el partido militar, sin dejar de lado los chisporroteos con el Episcopado Católico. Tanta audacia requeriría para sostenerse algo más que las fatigadas piernas del PJ y la CGT. (...)".

Sin embargo, hay cuestionamientos al alcance de la medida tan importante para los Kirchner. Martín Dinatale, en el diario La Nación, realizó una recopilación de algunas de las críticas, por derecha y por izquierda:
"(...) El diputado Claudio Lozano (Proyecto Sur) realizó un estudio detallado de los alcances del decreto presidencial y concluyó que la medida dejará afuera a 2.300.000 niños pobres e indigentes.
Para sostener este dato, Lozano expresó a LA NACION que el decreto "deja afuera a los trabajadores de la economía informal que ganen más que el salario mínimo, a los monotributistas que no perciben una asignación familiar por hijo y a los trabajadores del servicio doméstico que no estén inscriptos".
Eduardo Amadeo, ex ministro de Desarrollo Social de Eduardo Duhalde y actual asesor de Felipe Solá y Francisco de Narváez, coincidió con ese número y añadió que el proyecto que se evalúa el PJ disidente apuntará a establecer "una política integral que asegure escolaridad y salud para todos los chicos sin excepciones".
La fuente oficial consultada por LA NACION no supo contestar con precisión qué hará el Estado cuando se presente alguien a pedir el subsidio y sea trabajador informal con remuneraciones por encima del salario mínimo. "Me imagino que las oficinas de la Anses están recibiendo más de 500 interrogantes por día que luego analizaremos y ajustaremos a la reglamentación del decreto. Allí se ajustarán las eventuales discriminaciones", se limitó a decir el funcionario, sin dar mayores detalles.
El diputado de la Coalición Cívica y referente del movimiento social del barrio La Juanita, de La Matanza, Héctor Flores ("Toty"), advirtió que el decreto "no toma en cuenta a más de 800.000 personas que hoy no tienen DNI". No se trata de un tema menor: para que el niño reciba una asignación, una de las condiciones primordiales es que se deberá presentar el documento de identidad. (...)".

Hay un problema de manual en todo esto: el gasto público y su financiación. Los Kirchner y sus aliados peronistas y 'transversales' suponen (y a Horacio Verbitsky, Urgente24 ya le ha aconsejado no incursionar en temas de Economía si no estudia; su única fuente de información no puede ser siempre Eduardo Basualdo, quien jamás podría gestionar ni un quiosco de golosinas) que la presión impositiva es infinita. Y eso es incorrecto. La capacidad tributaria siempre se encuentra acotada a la decisión contributiva de los agentes económicos. Porque la contribución de un agente económica termina siendo parte de un contrato social, en el fondo es un acto voluntario de reconocimiento del Estado, pero jamás el Estado puede vulnerar ciertos límites sin atenerse a las consecuencias fiscales. Hay un punto donde la presión impositiva no funciona, por diferentes motivos que no vienen al caso. Ocurre que los Kirchner, desesperados por recuperar su imagen positiva, no reparan en esas cuestiones porque lo de ellos es pan para hoy... y mañana se verá. Pero es un tema muy delicado, y que Néstor Scibona aborda en el diario La Nación:
"(...) El plan "Trabajo para todos" cuesta dos veces y media más ($ 1.500 millones anuales) que el "fútbol gratis para todos" ($ 600 millones) y en realidad no guarda relación con este subsidio oficial a la AFA para encubrir por diez años el desmanejo de los clubes de fútbol profesional.
Pero en su diseño y falta de reglas hay un germen de desestabilización mucho mayor al que podría surgir de muchas declaraciones de la oposición. Se trata de un fenomenal incentivo para el clientelismo político. No sólo porque los sueldos ofrecidos ($ 1.350 netos) multiplican por seis el monto de los desactualizados planes sociales, que no se habían ajustado ni en lo peor de la estanflación de este año.
También porque, a menos de que se demuestre lo contrario, las cooperativas de trabajo comunitario no son tales; ni los 100.000 puestos de trabajo formales prometidos se asignan a través de ningún mecanismo conocido de prioridad, necesidad, mérito o exigencia.
De ahí que estos fondos nacionales se conviertan en un virtual botín, disputado por intendentes del conurbano bonaerense a través de sus punteros políticos y organizaciones piqueteras, ya sea aliadas o enfrentadas al Gobierno. La pelea es entonces por plata y no sólo por diferencias ideológicas, como las que enfrentan a la CGT y la CTA, alentadas también simultáneamente por el oficialismo.
Y, según se avance en su instrumentación, se extenderá a otros grandes conglomerados urbanos del interior. Más que aquietar las protestas callejeras, justificadas por la presidenta Cristina Kirchner, el plan amenaza incentivarlas: los beneficios sólo se consiguen bajo presión.
Otro problema es que estos programas tienden a perpetuarse en el tiempo. ¿Alguien puede suponer que en 2011, año electoral, esta partida presupuestaria tenderá a reducirse? Más bien parece una forma indirecta de agregar otros 100.000 trabajadores al sector público, que en los últimos seis años incorporó a 800.000 agentes, según cálculos de FIEL.
Sin embargo, la magnitud de estos subsidios es insignificante con relación al costo ($ 10.000 millones anuales) de la asignación de $ 180 mensuales que, a partir de diciembre, pagará la Anses a los hijos menores de 18 años de desocupados y trabajadores en negro.
Según los anuncios oficiales, alcanzará a 5 millones de jefes de familia; cifra que, de confirmarse, también echará por tierra las estadísticas del Indec sobre los alcances de la pobreza en la Argentina.
De la transparencia con que se instrumente este necesario, pero improvisado plan, que el oficialismo le arrebató sorpresivamente a la oposición y ahora prepara contrarreloj, dependerá no sólo ahuyentar sospechas de clientelismo político sino aumentar su impacto sobre la economía. De hecho, equivaldría a 0,5/0,7% del PBI, que los sectores más pobres volcarán al consumo de productos de primera necesidad.
La contrapartida es que este beneficio será financiado por los futuros jubilados, ya que provendrá de la renta de los ahorros confiscados a los aportantes de las AFJP. Así se reedita una experiencia similar a la de 2007, cuando los actuales jubilados contribuyeron a solventar la moratoria que permitió que más de 1,5 millón de personas accediera a la jubilación mínima, y que colocó en una inequitativa igualdad de condiciones a quienes aportaron toda la vida con aquellos que nunca lo habían hecho.
El costo de esta última medida aumentó el gasto previsional en no menos de $ 15.000 millones anuales (a valores de 2008), que es cubierto con aportes e impuestos nacionales. El problema es que a largo plazo el actualmente superavitario sistema estatal volverá a acumular déficits crecientes: según cálculos de FIEL, ello ocurrirá dentro de 25 años. Mala noticia para los actuales aportantes con edades inferiores a los 40 años.
Mucho antes en el tiempo, la Argentina deberá resolver el problema de los subsidios a las tarifas de transporte y energía, que en 2009 superarán los $ 30.000 millones anuales, según la consultora Ecolatina. Aquí, el problema es que también habrá que prever cómo aumentar la inversión (pública o privada) en infraestructura, que sólo en energía se calcula en no menos de $ 16.000 millones anuales a valores actuales.
Paradójicamente, la Secretaría de Energía acaba de lanzar un difuso Programa Nacional de Obras Hidroeléctricas, que prevé contratos que permitirían el repago de la inversión y el financiamiento, mientras el Poder Ejecutivo envió al Congreso la prórroga de dos años de la ley de emergencia económica, que lo faculta a modificarlos sin previa aprobación legislativa (...)".

De todos modos, el Gobierno Nacional sigue tramando escenarios optimistas, donde pueda recuperar aquello que perdió: la confianza popular. En el diario Página/12, Roberto Navarro da cuenta, con entusiasmo, de esos proyectos, que parecen pergeñados por un amante de las carambolas de billar:

"El Gobierno tiene como objetivo económico de 2010 crecer a una tasa del 5%. También aspira a mejorar la distribución del ingreso, crear más empleo y registrar una menor tasa de aumentos de precios. Esa es la tarea que le planteó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner al ministro de Economía, Amado Boudou.
Para lograrlo, la estrategia del Palacio de Hacienda será la de mantener el dólar quieto, bajar la tasa de interés, impulsar el consumo y la inversión. Creen que una condición necesaria para conseguir esos resultados es refinanciar la mayor parte de los vencimientos de deuda pública de ese año en el mercado voluntario de crédito, fundamentalmente en el internacional.
Así, los fondos que se utilizaron para cancelar pasivos en los últimos años –recursos de la Anses, Banco Nación y otros entes descentralizados– podrán reorientarse a financiar ese plan de expansión.
Un informe elaborado en la cartera económica que fue girado a la Casa Rosada, basado en datos locales e internacionales, estima que en 2010 la economía crecerá un 4%, aunque algunos especialistas del Gobierno indican que esta tasa resultará incrementada en 1 punto por el impacto de la asignación universal por hijo sobre el consumo y la actividad económica.
El documento del Palacio de Hacienda, en tanto, destaca que se espera que el año próximo la economía china crezca un 11,9%; India, 5,5%; Brasil, 5%; Estados Unidos, 3,5% y la Unión Europea, 3,0%. “El crecimiento económico mundial resultará en un aumento de las exportaciones argentinas del 30%”, señala el informe. Y agrega: “La caída de las ventas externas en 2009 fue la principal causa de la baja de la inversión; por eso es lógico esperar que una suba de las exportaciones traccione la inversión privada”.
Entre las estimaciones de producción que se espera aporten al aumento del PBI, se destacan un record de la cosecha de soja, que podría llegar a 55 millones de tonelada, y datos aportados por la Asociación de Fabricantes de Automóviles, que estiman una producción de 700.000 vehículos para 2010.
Cristina Fernández de Kirchner piensa que para volver a generar empleo y mejorar el clima social es imprescindible un crecimiento mayor.
Por eso quiere que el Estado siga impulsando el consumo interno y la inversión. Un importante funcionario del Gobierno explicó a Página/12 que, para evitar un recalentamiento del mercado interno, que puede derivar en un aumento de precios, “pondremos el mismo empeño en mejorar la oferta de bienes y servicios, vía un mayor impulso a la inversión”.
(...) Con el fuerte crecimiento que están teniendo los títulos públicos nacionales, en Economía estiman que en 2010 se podrán conseguir en los mercados entre US$ 5.000 millones y US$ 7.000 millones a una tasa de 1 dígito. Si se logra, el Gobierno podrá utilizar los fondos de la Anses y el resto de los entes descentralizados por un monto similar para impulsar el consumo y la inversión.
Los principales puntos detallados en ese paper para conseguir un mayor crecimiento, con mejor distribución de la riqueza, más empleo y menos inflación son los siguientes:
> Asignación familiar por hijo. Un importante asesor económico de la presidenta explicó a Página/12 que “la universalización de la asignación familiar por hijo sumará un punto al crecimiento del PBI el año próximo. Además, mejorará fuertemente la distribución del ingreso”.
> Plan de Trabajo en Cooperativas. Cristina Fernández suele repetir a sus asistentes cercanos: “Lo mejor para reducir la pobreza es generar empleo”. Su idea es que el país necesita “volver a incluir en el sistema a los que llevan años sin trabajar: hay que generar en los jóvenes que nunca vieron trabajar a sus padres la cultura del trabajo”. Aunque no se anunció, la aspiración presidencial es llegar al final de su mandato con 300.000 puestos de trabajo en cooperativas financiados por el Gobierno. A los 100.000 anunciados este año, quiere duplicarlos el año próximo y llegar a los 300.000 para fines de 2011.
> Banco de Desarrollo. Si bien es una idea que se viene postergando desde principios de su mandato, los últimos informes del Banco Central, que reflejan la poca importancia que les da la banca privada a los préstamos corporativos, terminaron de convencer a la Presidenta de la importancia de un banco estatal dirigido a financiar a las empresas. Además, Boudou le señaló que para que el impulso estatal al consumo no resulte en una mayor inflación es necesario impulsar la oferta de bienes y servicios.
Boudou, junto con Diego Bossio, director de la Anses, y Mauro Alem, titular del BICE, están trabajando en el armado de la nueva institución. Se estima que se pondrá en funcionamiento a fin de año, con un capital inicial de aproximadamente US$ 3.000 millones. (...)".
_____________________________________